La comisaria sajona de Transparencia, Juliane Hundert, ha pedido que la Ley de Transparencia se amplíe a ciudades y municipios. "Esta es la única manera de ofrecer a los ciudadanos las percepciones necesarias en todos los niveles de la toma de decisiones políticas", dijo Hundert en la presentación de su primer informe de actividades en el marco de la Ley de Transparencia.
Las decisiones municipales en particular, como la construcción de un puente o la distribución de los fondos presupuestarios, son de gran relevancia para los ciudadanos. Así lo demuestra también la experiencia de otros estados federados, donde las ciudades y los municipios ya están obligados a facilitar información de acuerdo con las respectivas leyes de información y transparencia.
Ley de Transparencia para facilitar el acceso a la información
La Ley de Transparencia, en vigor en Sajonia desde 2023, pretende facilitar a los ciudadanos el acceso a la información del gobierno y la administración del estado. Hasta ahora, tenían que presentar solicitudes para ello. A partir de 2026, el acceso a documentos como resoluciones gubernamentales, proyectos de ley, dictámenes de expertos, estudios e informes también se facilitará a través de una plataforma en la que las autoridades publicarán información por iniciativa propia.
La Ley de Transparencia no afecta a los municipios ni a las comarcas. Sin embargo, tienen la opción de aplicarla voluntariamente. Para ello, deben emitir un estatuto. Según el responsable de transparencia, ningún municipio lo ha hecho todavía. Las tres ciudades independientes de Dresde, Leipzig y Chemnitz se quedarían cortas respecto a las posibilidades que ofrece la Ley de Transparencia sajona con sus propios estatutos de libertad de información.
Altas tasas utilizadas como elemento disuasorio
Hundert también criticó la gestión de las tasas cobradas. En algunos casos, los costes se fijaron tan altos que se creó la impresión de que el organismo responsable de la transparencia quería disuadir al solicitante con la ayuda de los elevados costes. "Este planteamiento es inadmisible", dijo Hundert. Sin embargo, no se trata de un problema sistemático.
Si el coste de la solicitud supera los 600 euros, los ciudadanos y las empresas deben pagar una tasa. Se puede cobrar un máximo de 2.500 euros.
Los ciudadanos han aceptado bien la ley
En conjunto, sin embargo, Hundert hizo un balance positivo tras casi dos años de práctica con la Ley de Transparencia de Sajonia: "Los ciudadanos han aceptado bien la nueva ley y las autoridades sujetas a requisitos de transparencia también se han adaptado bien a la ley."
Entre otras cosas, los cientos de consultas recibidas por las autoridades sajonas a través del portal en línea "Frag den Staat" (Pregunte al Estado) indican que las posibilidades se están utilizando activamente. Calificó de "gran logro para nuestra democracia" que Sajonia, como casi todos los demás estados federados y el Gobierno federal, garantice ahora el derecho a la libertad de información.
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